Microfinanzas en Bolivia

Desarrollo de tecnologías e introducción de innovaciones en el microcrédito con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG)

A principios de la década de los 80, las ONG vieron el potencial del sector de la Micro y Pequeña Empresa (MyPE) y desarrollaron tecnologías apropiadas para atender sus necesidades de crédito. Estas instituciones tuvieron un rol muy importante en permitir que estos sectores con menores oportunidades económicas se incorporen al sistema financiero puesto que, anteriormente, solo podían contar con fuentes informales de fondeo (familiares, prestamistas y otros) a tasas de interés muy elevadas que oscilaban, en ese entonces, entre el 10 y el 15% mensual en dólares.

 

Proceso de “Formalización” y ampliación de la cobertura del mercado

La experiencia desarrollada por las ONG en el campo micro crediticio sirvió para probar que el “pobre” es sujeto de crédito y paga las deudas contraídas puntualmente. Aunque el sistema bancario boliviano nunca se interesó en atender a este sector por considerarlo de alto riesgo y demasiado costoso, las ONG demostraron que podían otorgarles crédito en forma viable.

Sin embargo, al no estar reguladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), las ONG tienen limitaciones legales para captar ahorros del público. En este sentido, varias ONG vieron la necesidad de “formalizarse” y obtener la licencia de funcionamiento como intermediarias financieras supervisadas por la SBEF.

Este proceso de formalización se inició con la creación de BancoSol en 1992, como el primer banco comercial de microfinanzas en el mundo y continuó con la creación y funcionamiento de los Fondos Financieros Privados (FFP): Caja Los Andes, FIE, Eco-Futuro, PRODEM y Fa$$il, como resultado del Decreto Supremo 24000 aprobado en 1995.

Durante esta etapa, Bolivia presentó una importante estabilidad económica y social, la cual tuvo impacto en la demanda de servicios financieros por parte de la MyPE y, como consecuencia, en el rápido crecimiento del sector microfinanciero boliviano. Entre 1992 y 1997, la cantidad de clientes de microcrédito aumentó quince veces, de 20 mil a alrededor de 331 mil, el crecimiento de la cartera bruta también fue sostenido durante estos años alcanzando los US$ 342 millones en 1997 y manteniendo niveles de mora del 2,5 al 3% y el número de agencias pasó de 30 a 268. Asimismo, las entidades de apoyo del sector como los gremios, instituciones de segundo piso y la cooperación internacional incrementaron su participación en la industria. El gobierno, por su parte adecuó el marco normativo y las políticas de apoyo al sector.

Por el año 1998, las instituciones de créditos de consumo (financieras independientes como el FFP Acceso y departamentos especializados dentro de algunos bancos), atraídos por las perspectivas de alto rendimiento a corto plazo, empezaron a dar servicios al sector de las MyPEs. Estas instituciones utilizaban prácticas de colocación agresivas, otorgando incentivos a sus oficiales de crédito por desembolso y crecimiento de la cartera, descuidando la calidad de la misma. Su metodología era adecuada para asalariados y no para microempresarios que cuentan con ingresos variables por lo que, en muchas ocasiones, otorgaron créditos por encima de sus posibilidades reales de pago. Todo esto provocó un sobreendeudamiento de los clientes e incrementó los niveles de morosidad muy por encima de los de las IMF.

Además, estas distorsiones en el mercado ocasionaron un deterioro en la imagen de algunas IMF ya que los prestatarios y la sociedad civil no las diferenciaban de las entidades de créditos de consumo y los abusos cometidos por estas últimas, incitaron el surgimiento de las Asociaciones de Deudores.

 

Crisis social y económica y retos enfrentados por el sector de las microfinanzas

Después de haber vivido un período de resultados positivos y crecimiento constante, las microfinanzas bolivianas, entraron en un período de crisis que se hizo más evidente a fines de 1998. Varios factores contribuyeron a esta situación crítica: la crisis económica del país, las restricciones en las fronteras a algunos productos bolivianos; la Ley de Aduanas y la crisis del Sur Este de Asia y del Brasil, con la consiguiente pérdida de las ventajas comparativas comerciales. Todos estos factores incidieron en la capacidad de consumo interno y afectaron los niveles de venta y el desempeño de las actividades por cuenta propia de los micro y pequeños empresarios.

Además, estos factores sucedieron prácticamente al mismo tiempo, por lo que los efectos fueron mucho más fuertes y se hicieron notar en el deterioro de la calidad de la cartera con un incremento de la mora de todas las IMF supervisadas y ONG de microcrédito del 4,5% al 11,8%, entre 1998 y 2001. Asimismo, como producto de la depuración de la cartera y por el deterioro importante de la cantidad y calidad de la demanda de créditos, el número de clientes atendidos por estas instituciones disminuyó en un 7,8%, entre 1997 y 1999. Finalmente, como consecuencia del incremento del costo de previsiones, la rentabilidad de las IMF supervisadas líderes (BancoSol, PRODEM, Caja Los Andes y FIE) disminuyó de más del 20% al 5%, en el mismo período.

 

Lecciones aprendidas y revalorización de las microfinanzas

La crisis económica, política y social de fines de los 90 y la disminución de la demanda agregada y de la capacidad de pago de los clientes, obligó a las IMF a enfrentar nuevos retos y realizar cambios en su forma tradicional de manejar el negocio para garantizar su sostenibilidad. Las IMF han ampliado los segmentos de mercado atendidos y ahora brindan productos y servicios financieros a la población rural, asalariados y pequeña y mediana empresa. Adicionalmente, la mayor parte de las IMF supervisadas han diversificado su oferta ofreciendo una gama de productos y servicios como ser: diversas modalidades de crédito y ahorro, giros y transferencias nacionales e internacionales, cobranza de servicios públicos, etc.

Asimismo, las IMF se han vuelto más prudentes en sus políticas de créditos, han adecuado sus mecanismos de recuperación de créditos en mora y han fortalecido sus unidades de auditoria interna y evaluación del riesgo crediticio. Finalmente, varias IMF han renovado el énfasis en la calidad y servicio al cliente, mejorando su imagen institucional física, ampliando los horarios de atención al público y desarrollando e implementando avances tecnológicos interesantes.

Las IMF no reguladas están conformando alianzas estratégicas con entidades reguladas para llegar con servicios auxiliares financieros y con servicios de ahorro a sus clientes, particularmente en zonas rurales. El cuestionamiento sobre la supervivencia y posible rol de las ONG financieras ya no es válido y existe la convicción de que estas son las entidades adecuadas para llegar a zonas alejadas y que complementan perfectamente a las entidades supervisadas en el proceso de lograr una cobertura amplia con servicios financieros integrales y alcanzar un equilibrio entre acceso y sostenibilidad.

Como resultado de las iniciativas mencionadas, los clientes se han visto beneficiados y IMF han sido capaces de enfrentar la crisis de mejor manera que las instituciones especializadas en crédito de consumo (que salieron del mercado entre 1999 y el año 2000) y que la banca tradicional en su conjunto. En efecto, a pesar de la crisis, el saldo de la cartera de créditos de las IMF ha continuado creciendo. Entre 1999 y 2006 , el saldo de la cartera bruta de las IMF ha aumentando en un 172% mientras que el del sistema bancario ha disminuido en un 72%.

Adicionalmente, las IMF muestran relativamente mejor calidad de cartera y una mayor solvencia el sistema bancario en general. A junio de 2006, las entidades asociadas a ASOFIN registran una mora según balance del 2.469% como promedio, las ONG financieras del 7,37%, mientras que la de los bancos era del 11,51%. A la misma fecha, el nivel de previsiones de las IMF supervisadas cubría alrededor del 207% del total de la cartera en mora y en el caso de los bancos, sólo el 86%.

Asimismo, en el caso de las IMF entre 1999 y junio de 2006 el número de prestatarios aumentó solo en 94% mientras que en el caso de los bancos en su conjunto se dio una disminución de alrededor del 66% en el mismo periodo. Es de destacar que las IMF en su conjunto contaban con más de 580 mil prestatarios al 30 de junio del 2006, lo que representa el 71% de todos los clientes del sistema financiero nacional.

Finalmente, la cobertura geográfica de las IMF confirma la importancia del sector en el contexto financiero nacional, contando al 31 de diciembre de 2005 con 469 agencias en toda la república, donde un 50% se encuentran en el área rural, siendo las IMF no reguladas las que mantiene mayor presencia en esa área.

Datos al 30 de junio de 2006